La jueza imputa a Muñoz, Sevilla y otras siete personas por presunta corrupción en el Puerto de Cartagena

Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz. / J. C. CAMPOY / J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Admite la querella de la Fiscalía y aprecia ocho hechos sospechosos de constituir delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos/uso de información privilegiada

José Alberto González

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de corrupción en el Puerto de Cartagena y ha iniciado el proceso para tomar declaración como investigados a la actual presidenta, Yolanda Muñoz, su predecesor, Antonio Sevilla, otras siete personas y los representantes legales de dos empresas contratistas. La causa incluye el aparente favorecimiento a empresas y personas afines a estos altos cargos en la adjudicación de contratos y de empleos públicos entre los años 2014 y 2021. Muñoz y Sevilla han negado cualquier irregularidad.

Según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la magistrada ha acordado incoar diligencias en relación con la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El auto, notificado este miércoles a la Fiscalía, ordena que se dé traslado a nueve investigados y representantes de dos mercantiles para que sean informados de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a examinar las actuaciones, a actuar en el proceso y a designar abogado antes de que se les tome declaración.

«Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares», indicó el TSJ. Y añadió que, «según la fundamentación del auto, los hechos que resultan de las denuncias presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos», Citó «los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos».

En concreto, la resolución relaciona ocho hechos que «revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar Diligencias Previas en aras a esclarecerlos», indica el auto.

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