La huelga de los letrados de la Administración de Justicia obliga a suspender más de un centenar de juicios en la Región

Letrados de la Administración de Justicia de Murcia participan en una manifestación en Madrid, este martes. / CEDIDA

El 75% de los funcionarios ha secundado el paro indefinido en el que reclaman un incremento salarial acorde con el aumento de la carga de trabajo que sufrieron en 2009 tras la reforma

Raúl Hernández

La pesada maquinaria de los juzgados de la Región sufre desde este martes un frenazo en seco tras el parón indefinido de uno de sus principales engranajes. Los letrados de la Administración de Justicia —conocidos anteriormente como secretarios judiciales— han cumplido su amenaza y comenzaron una huelga que ha detenido la actividad de los tribunales. Las consecuencias de esta convocatoria nacional empezaron a notarse este martes con la suspensión de 95 juicios civiles, 43 de lo Social y 20 ratificaciones de divorcio solo en el partido de Murcia, según los datos provisionales facilitados por los colectivos convocantes en la Región. En cuanto a los juicios penales, solo se han celebrado aquellas causas con preso, los que las víctimas son menores y los juicios por violencia de género (Viogen). El resto está paralizado.

La huelga ha sido secundada en esta primera jornada por el 75% de los 106 letrados de la Administración de Justicia que hay en activo. Una treintena de ellos (casi un tercio de la plantilla) se desplazaron a primera hora de la mañana a Madrid para participar en una manifestación que marchará hasta el Ministerio de Justicia después de que no fructificaran las negociaciones que se han mantenido desde hace meses.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ); la asociación independiente de letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ), y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia reclaman un incremento salarial acorde con el aumento de la carga de trabajo que sufrieron desde 2009 tras la reforma de la Administración sin que hasta ahora se les haya compensado.

Los colectivos convocantes enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que advertían de que la protesta «tiene un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con este servicio público». Recordaban en la misiva que la intervención de los letrados de la administración es «imprescindible» para que el correcto funcionamiento de la actividad de los tribunales del país.

La portavoz de la UPSJ en la Región, María del Mar Garcerán, recordó que entre las funciones de los letrados de la Administración de Justicia, están «los procedimientos de herencia que requieren división del patrimonio, las ratificaciones de los divorcios, la formación de inventario de liquidaciones de sociedad de gananciales y en los procesos de conciliaciones». Además, apunta que el paro producirá un perjuicio económico, ya que se paralizan los pagos judiciales a particulares —pensiones de alimentos, deudas, indemnizaciones…— y al erario público, como multas y depósitos.

Por su parte, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, advirtió el pasado lunes de que la huelga es «política» y «sin finalidad profesional alguna», y denunció que los que se pretende es «perjudicar a los ciudadanos».

«Es absolutamente imprudente», insistió el alto cargo del Ministerio tras recordar que «los que comienzan una huelga cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles»; una cifra a la que, según recordó, hay que sumar el aumento del 9,5% de los funcionarios. De acuerdo con los cálculos del Ministerio, el salario de un letrado de Administración de Justicia oscila entre los 30.000 y los 59.000 euros anuales.

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